A pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumplieran con los criterios de accesibilidad universal recogidos en el Real Decreto de 2013, solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios de viviendas en España lo han ejecutado.
En otras palabras, la mayoría de los edificios no están adaptados para los cuatro millones de españoles que sufren algún tipo de discapacidad (representan un 8,6% de la población). Esto es lo que se ha concluido del estudio “La accesibilidad en las viviendas de España” llevado a cabo por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona con el objetivo de conocer el estado actual de la accesibilidad en las diferentes zonas de los edificios de viviendas.
El mismo estudio refleja que el 63% de los edificios en España no es accesible de la calle al portal por la presencia de escaleras (únicamente el 28% de las fincas cuenta con una rampa de acceso). Puertas excesivamente pesadas, accesos estrechos o porteros automáticos demasiados altos son otras de las grandes barreras con las que las personas con discapacidad deben lidiar cada día.
Por otra parte, el 22% de las viviendas no tiene ascensor, representando uno de los problemas más serios para las personas con movilidad reducida, y la mayoría de plazas de aparcamiento tampoco son las adecuadas.
Las razones que explican este incumplimiento en accesos y movilidad son principalmente dos. “El desconocimiento sobre la obligación legal de hacer las reformas conveniente y el motivo económico. El alto coste de instalar un ascensor o una plataforma salvaescaleras es la razón que alegan los vecinos, cuando sólo lo necesita uno de ellos en toda la comunidad”, afirmaba Sergio Nasarre, director de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili.